Tomado de www.diariolibre.com Jacqueline Montero, de 46 años, se crió en la casa de una
cuñada de su madre y fue violada numerosas veces de niña por un familiar
SANTO
DOMINGO, República Dominicana. Fue violada de
niña, maltratada por su marido y ejerció la prostitución. Pero cuando
Jacqueline Montero asuma como diputada en agosto, las trabajadoras sexuales
tendrán una voz única en la legislatura, de una mujer que conoce de primera
mano sus penurias y que está dispuesta a impulsar leyes llamadas a causar
revuelo en esta nación mayormente conservadora.
Montero, de 46 años, se crió en la casa de una cuñada de su
madre y fue violada numerosas veces de niña por un familiar. Se casó a los 16
años con un hombre que la golpeaba y terminó haciéndose prostituta.
“Sé lo duro que es tener que salir (a buscarse la vida)
porque tu familia no tiene comida; cuando una no tiene ni qué comer, una sale
con el primero (hombre) que aparezca”, dijo Montero en la oficina de una
organización de asistencia a prostitutas que encabeza, amueblada con lo básico
y en cuyas paredes exhibe los diplomas que obtuvo tras dejar la prostitución y
certificados de diferentes conferencias internacionales sobre trabajadoras sexuales
a las que ha asistido.
“Si no me hubiesen violado cuando yo era niña y los adultos
me hubiesen creído, no hubiese sido trabajadora sexual”, dice la mujer que
habita en la empobrecida zona de Haina, quien se prostituyó durante casi una
década luego de que su marido la abandonó tras varios años de maltratos.
Madre de 15 hijos y licenciada en teología
Montero tocó fondo y decidió cambiar su vida cuando recibió
una paliza de un cliente que se negaba a usar condón y de un accidente vial que
la dejó postrada en cama ocho meses. En 1998 se puso a estudiar enfermería
mientras seguía ejerciendo la prostitución y comenzó a involucrarse en el
activismo social al trabajar como pasante a una clínica que atendía
principalmente a trabajadores sexuales y a población con VIH.
Profundamente religiosa, más adelante estudió la licenciatura
en teología en la Universidad Cristiana, en donde se graduó en 2014.
Hoy es madre de 15 hijos, tres biológicos, dos de ellos de un
cliente, y 12 adoptados cuyas madres biológicas son trabajadoras sexuales que
pretendían abortarlos.
Ahora, después de una década de activismo y haber sido
regidora en Haina desde 2010, espera aprovechar sus experiencias para mejorar
la situación de las trabajadoras sexuales desde el Congreso.
Confía que con su propia historia, narrada en un libro que
recopila biografías de trabajadoras sexuales, va a concienciar a los diputados
y al país sobre la crudeza del trabajo sexual y hacerles entender que las
prostitutas “no llevan una vida alegre, que una no elige para gozar; sino que
es una vida terrible”.
Montero, quien alcanzó la diputación por la provincia San
Cristóbal como candidata del Partido Revolucionario Moderno, convertido tras
los comicios de mayo pasado en la segunda fuerza política del país, trabaja en
la actualidad en dos proyectos de ley para promover los derechos de las
prostitutas y para crear oportunidades laborares a las mujeres jóvenes a fin de
evitar que se involucren en el trabajo sexual.
O para que quienes ya lo ejercen, puedan dejarlo con la
garantía de tener una posibilidad de empleo.
“Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan
seguridad social, seguro médico” y sean beneficiarias de los programas
gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que
prepara.
“Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan
seguridad social, seguro médico” y sean beneficiarias de los programas
gubernamentales de subsidios, narró al describir uno de los proyectos que
prepara.
En otro proyecto, Montero propondrá crear centros de
capacitación laboral y de asistencia legal y psicológica para que las
trabajadoras sexuales puedan buscar nuevas opciones y dejar la prostitución.
El proyecto se basa en los programas que Montero comenzó a
desarrollar como regidora y a través del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu),
una organización no gubernamental que ella preside, con financiamiento de
donaciones de organizaciones religiosas e internacionales y el apoyo de
instituciones del gobierno.
Para Darío García, director ejecutivo de la Coalición
ONG-Sida, la elección de Montero es “un éxito de la sociedad civil” porque
representará en el Congreso a los grupos vulnerables que están “más expuestos a
la violencia, a la humillación y al sida”.
La nueva diputada será la encargada de presentar un proyecto
de ley coordinado por la institución del gobierno encargada del VIH para
prohibir y penalizar la discriminación contra grupos vulnerables, como la
comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexueales y transexuales), los trabajadores
sexuales, los envejecientes y personas con sida.
Montero está consciente de que aún enfrenta el estigma de una
sociedad mayoritariamente religiosa y conservadora y que los proyectos de ley
que presentará en el Congreso crearán polémica.
Lo que dicen las iglesias
El pastor Fidel Lorenzo, presidente de la asociación de
iglesias evangélicas, advirtió que su agrupación se opondrá a un proyecto de
ley que conceda derechos laborales a las prostitutas porque sería reconocer
legalmente el trabajo sexual. “Siempre que estén optando por legalizar esa
práctica, aunque se nociva a la propia salud emocional de la persona, no creo
que vamos por buen camino y obviamente no vamos a estar de acuerdo”, insistió
el líder religioso.
El trabajo sexual en República Dominicana no está regulado y
un vacío legal permite que una persona se prostituya sin que se considere un
delito. La explotación sexual, el proxenetismo y la trata de personas sí están
penalizados.
Montero “representa una idea, la idea de la no
discriminación, la idea de la igualdad de género, la idea de la participación
social igualitaria de la mujer y el hombre”, consideró Santo Rosario,
coordinador de la organización no gubernamental Centro de Orientación e
Investigación Integral (COIN), que desarrolla programas para mejorar la calidad
de vida de grupos marginados, especialmente LGBT, prostitutas y personas con
VIH.
Ya en el pasado, Montero ha tenido diferencias con líderes
religiosos, con legisladores y con el procurador general, Francisco Domínguez,
quien en 2013 intentó que los usuarios de la prostitución fuesen procesados
penalmente como una forma de combatir el trabajo sexual, la explotación y la
trata de personas en un país donde miles de mujeres y hombres ofrecen a diario
servicios sexuales a extranjeros en las paradisiacas playas.
Montero se opuso abiertamente a la propuesta y ha insistido
en que la única forma de que las mujeres dejen el trabajo sexual es ofrecerles
instrucción en algún oficio, capacitación en materia de derechos y autoestima y
la posibilidad de empleo.
“¿Qué hago yo sacándolas del trabajo sexual, si no puedo ofrecerles
trabajo?”, dice Montero.
Lo que hizo como regidora
Montero asumió su puesto como regidora en 2010 y en
septiembre de ese año abrió un centro de capacitación para ofrecer clases de
belleza a 265 trabajadoras sexuales. Luego de graduarse, muchas de ellas
dejaron la prostitución y algunas comenzaron a estudiar.
En los años siguientes, Montero y Modemu abrieron otros tres
centros de capacitación en Haina, en donde unas 600 mujeres, algunas de ellas
trabajadoras sexuales, se han capacitado como estilistas, costureras y
artesanas.
Montero también logró un acuerdo con la institución del
gobierno Banca Solidaria a fin de ofrecer microcréditos de entre 5.000 y 40.000
pesos (unos 110 a 900 dólares) a las mujeres para ayudarlas a abrir negocios.
Cerca de 300 mujeres asumieron microcréditos y comenzaron sus
propias microempresas.
Aunque no existen cifras oficiales, un informe de la
organización Tú Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Población estimó en
2013 que República Dominicana ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial como país
de origen de mujeres que son prostituidas en otras naciones.
Diversas organizaciones locales estiman que cerca de 200.000
dominicanas se prostituyen dentro o fuera del país y se enfrentan a la
discriminación en centros de salud y al tratar de insertarse en empleos
formales.
“Ya de discriminación estoy a prueba de bala, yo voy (al
Congreso) preparada”, dice Montero. AP/Ezequiel Abiu Lopez
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