
Al dar las palabras de apertura en el Taller: “Actualidad y
perspectiva del Reglamento de Arbitraje CNUDMI en las Disputas
Inversionista-Estado en América Latina”, celebrado en las instalaciones del
Banco Central, el funcionario enfatizó que la entidad está en trabajo constante
en prevención de conflictos, a los fines de mejorar la comprensión de los
procesos en busca de soluciones.
Del Castillo Saviñón señaló que los acuerdos comerciales
hacen un aporte importante con la consagración de “Trato Nacional” y el de “No
Discriminación”, permitiendo al inversionista extranjero disfrutar de los
mismos recursos procesales que el local.
indicó que estos principios junto a otras garantías que
otorga el Estado dominicano a los inversores como el “Trato de Nación Más
Favorecida” y las disposiciones sobre arbitraje, presentes en los Acuerdos para
la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), contribuyen
a aumentar el flujo positivo de la misma hacia nuestro país.
“Dichos Convenios prevén el Arbitraje como una alternativa
para los inversionistas dirimir sus diferencias con el Estado, generalmente
disponiendo que las reclamaciones podrán interponerse en virtud de las reglas
de procedimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones
(CIADI) o de conformidad con las reglas de arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI)”, enfatizó en el evento presidido por Clarissa de la Rocha,
vicegorbernadora del Banco Central; Katrina Naut, directora general de Comercio
Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX); Alejandro Escobar,
socio de la Firma Baker Botts, LLP; Ernesto Feliz, abogado Asociado de la Firma
Baker Botts, LLP.
Resaltó que el fortalecimiento del mecanismo de solución de
controversia aparece reflejado en todos los instrumentos legales de inversión
que ha suscrito el país, de manera que mejora el clima de negocios, reduciendo
los riegos asociados a factores políticos.
Puso de manifiesto los esfuerzos por mejorar las prácticas
administrativas nacionales y las regulaciones, a fin de evitar futuros
conflictos con inversionistas extranjeros, además de fortalecer la capacidad
negociadora del Estado, de modo que encuentre salidas mutuamente satisfactorias
en las eventuales disputas.
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