
La presidenta del tribunal, Miriam Germán Brito, anunció que
luego de varias reuniones, los cuatro jueces que conocieron el caso no pudieron
ponerse de acuerdo para emitir una decisión con respecto a si anulaban o
acogían la impugnación a la decisión del juez de la Instrucción Especial,
Alejandro Moscoso Segarra.
La magistrada anunció que dado el impasse originado entre
ella y sus compañeros Frank Soto Sánchez, Esther Agelán Casas novas y Juan
Hirohito Reyes, fue convocado una audiencia para el 22 de septiembre próximo,
durante la cual se conocerá nuevamente el recurso de apelación
Manifestó que el presidente de la SCJ y del Consejo del Poder
Judicial, Mariano Germán, deberá decidir cuál es el otro juez que integrará un
quórum de cinco para ventilar el controversial expediente.
Expuso que una serie de disposiciones contempladas en el
Código Procesal Penal, entre ellas que las decisiones de adoptan por mayoría de
votos, y que los jueces pueden fundar separadamente sus posiciones.
“Hay otra disposición que dice que en caso de empate, el voto
del presidente decide, pero ese no es el caso para esta sala, ese caso se
refiere cuando es el Pleno de la Suprema Corte”, subrayó.
Planteó que luego de muchas deliberaciones, se llegó a una
situación de dos posiciones encontradas.
“Se trató, respetándonos unos a los otros, de llegar a un
tipo de mayoría, pero no fue posible”.
Germán Brito dijo que el empate en el proceso subsistió. “Por
lo tanto, la única posibilidad que hay es anular la instrucción, y fijar de
nuevo”, recalcó.
La magistrada anunció la instrucción del recurso de apelación
por no haber sido posible obtener una mayoría, y fijó la próxima audiencia para
el 22 de septiembre, a las 9:00 a.m.
Indicó que el juez tiene derecho a ser afín a la idea
política y social que mejor le plazca. “Lo que no tiene derecho es a juzgar a
las personas con parámetros diferentes, si piensa o no como él, así como el que
pierde tampoco tiene derecho a buscar la carga en la reputación del juez”.
Habla el Procurador
El procurador General de la República, Francisco Domínguez
Brito afirmó que confía habrá un alto en el camino contra la impunidad.
Asegura que la postura de dos de los jueces de la SCJ
confirma que la labor procesal llevada a cabo por la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa está amparada en el Estado de
Derecho, el apego a las normas procesales y constitucionales, que se derivan de
una instrumentación del proceso, con fortaleza y contundente presupuesto
probatorio contra Bautista y sus seis más estrechos colaboradores.
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