SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso la
cancelación de la alguacil Leivy Altagracia Núñez Díaz, de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación de Santo Domingo, por sus actuaciones en el asalto-embargo
de que fue víctima Diario Libre.
El órgano de gobierno del Poder Judicial acogió la
recomendación de la División de Oficiales de Justicia, que ponderó las acciones
que al margen de la ley y los procedimientos que ejecutó la ministerial.
El director general interino de la Dirección General de
Carrera de Administrativa y Carrera Judicial, Justiniano Montero, también
sugirió la destitución de Núñez Díaz, por la comisión de faltas graves en el
ejercicio de sus funciones.
La decisión fue adoptada, luego de ser evaluada la
investigación llevada a cabo con respecto a las actuaciones que adoptó la
alguacil, que se presentó con una turba a DL, sin recibir el auxilio de la
fuerza pública.
El CPJ confirmó que la ministerial no notificó a la empresa
sobre la decisión que se había emitido en su contra.
También comprobó que la alguacil se presentó luego de
ejecutar el asalto-embargo a DL, y dio por notificada una copia del acto que
había arrojado en la recepción dándolo como recibido, con el nombre de una
persona con la cual nunca tuvo contacto.
Consideró que la ministerial violó la Ley de Organización
Judicial, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Ética del Poder
Judicial y las normas elementales que reglamentan las actuaciones de los
alguaciles en el ejercicio de sus funciones.
Núñez Díaz fue suspendida y sometida a un juicio
disciplinario administrativo, donde se comprobó que sus acciones rayaron en una
“rampante” ilegalidad.
En octubre del 2014, el CPJ decidió suspender a Núñez Díaz,
hasta tanto culmine el proceso disciplinario al que había sido sometida. La
decisión le fue notificada a la alguacil en comunicación No. 397276, firmada
por Montero.
La comunicación fue recibida por Núñez Díaz el mismo día 14,
como consta en copia de la comunicación en poder de DL.
En su notificación, el director general interino Montero le
comunicó a la alguacil actuante que está suspendida “por la presunta falta
cometida en ocasión de practicar un embargo ejecutivo sin el auxilio de la
Fuerza Pública, en contra de la entidad Diario Libre, lo cual ha devenido en un
escándalo público”.
El acoso de que fue objeto DL los días 9 y 10 de octubre del
2014, por una turba de personas que buscó ejecutar un embargo ilegal, se
conoció en la 70 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se
celebró en Santiago, Chile.
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